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El Ejecutivo acusa a la aerolínea de infringir la obligación de asegurar la continuidad en la prestación del servicio, a la que se une el hecho de haber causado daños superiores a 15.000 euros y haber provocado la suspensión del servicio aéreo.
Igualmente, abre un proceso sancionador por no cumplir con la obligación de ejercer las actividades con respeto a los derechos de los pasajeros.Fomento considera que "concurren circunstancias agravantes".
Las dos se consideran infracciones muy graves según la Ley de Seguridad Aérea de 2003 y tanto una como otra están penadas con una multa de hasta 4,5 millones de euros, además de la retirada de la licencia de explotación de vuelo.
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